El modelo termina por afianzarse tras la II Guerra Mundial con la incorporación de los postulados keynesianos al calor del crecimiento sostenido de reconstrucción y reindustrialización de posguerra y en el que caben distintas lecturas complementarias de su razón de ser. En primer lugar, se suele interpretar al Estado de Bienestar Keynesiano como un compromiso histórico entendido como el gran pacto entre clases basado en el mantenimiento de la paz social a cambio de beneficios sociales (educación y sanidad universal, pleno empleo, prestaciones sociales y pensiones, políticas de vivienda social, etc.), prestaciones que el Estado solo puede ofrecer a través de una importante regulación del mercado interno. En segundo lugar, no deja de ser un modelo fundamentalmente interesado en el mantenimiento del sistema capitalista, ya sumergido en un capitalismo de consumo de masas, donde la amenaza de la presencia del bloque de países de la órbita soviética es la que motiva esa cara amable de un modelo de capitalismo social que debe evitar a toda costa la activación del movimiento obrero y el conflicto social abierto. Se puede decir con toda propiedad que los mayores beneficiados de las revoluciones socialistas, paradójicamente, no son los trabajadores donde triunfó el proceso revolucionario, sino las clases trabajadoras de los países capitalistas avanzados.La crítica de los nuevos movimientos sociales al Estado de Bienestar viene acompañada, además, de otras consideraciones clásicas que no conviene ocultar, como son el burocratismo y el despilfarro de recursos, propios de una política nacional que es, a la vez, unidimensional y segregadora. Como consecuencia de ello el poder fuertemente centralizado y la política nacional que de el procede precisa de ápendices administrativos y compartimentados en quién delegar las funciones de gestión y ejecución del poder central. En ese sentido, ’el gobierno local no es políticamente relevante porque o bien se encuentra sometido a las directrices emanadas desde un centro decisor, o bien carecen de recursos o capacidad’, y ’no es políticamente relevante porque concentra todos sus esfuerzos en las tareas generenciales o administrativas que justifican su existencia’, de tal modo que las políticas locales, bajo los parámetros del Estado, no son políticas de decisión, sino políticas subordinadas de ejecución y transmisión de la política nacional.